La informalidad laboral el Noroeste Argentino (NOA), y más ampliamente en el Norte Grande, siempre se ubica con los índices más elevados del país. Los registros suelen duplicar a los de la Capital Federal y hasta cuadruplicar a los de las provincias sureñas. Pero es aún más preocupante que estos resultados tan amargos no se han reducido en el tiempo, e incluso han aumentado para algunas de las jurisdicciones norteñas.
¿Cuál es el origen de esta situación tan desfavorable? Las causas son muchas: los elevados costos laborales, la presión fiscal que ahoga a las empresas, el exceso de mano de obra poco calificada a la que le cuesta conseguir buenos empleos en blanco y el comportamiento inescrupuloso de algunos empresarios que se aprovechan de esa situación para conseguir parte de su rentabilidad a costa de trabajadores en negro, entre otros factores. Por otro lado, los perjuicios para las personas que tienen un empleo informal son muchos, principalmente falta de protección brindada por los derechos laborales, vacaciones, aguinaldo, jubilación e indemnización, etc.
¿Por qué el Norte Grande es el que suele padecer con mayor intensidad este flagelo? La respuesta es bastante simple y obvia: hay pocas empresas. La región tiene, en promedio, unas ocho empresas formales por cada 1.000 habitantes, la mitad que la media del país y seis veces menos que la Capital Federal. A su vez, ante esta falencia y ante la fragilidad de los mercados laborales, las provincias norteñas son las que tienen mayor peso de empleo público. En promedio, cuatro de cada diez empleados en blanco trabajan en ámbitos estatales.
El problema es que el Estado como único generador de empleo formal es un fenómeno que ha llegado a su fin, porque hay un exceso de al menos un tercio de la plantilla pública actual. De aquí en más debe ser el sector privado el que genere empleos competitivos y de calidad. Debe fomentarse la creación de empresas privadas mediante la gestación de un clima de negocios que estimule la radicación de nuevas inversiones. Además, es necesario reducir la presión fiscal, especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMe) e invertir en infraestructura para que las empresas más alejadas del puerto acorten las distancias que provocan enormes costos de fletes.
Por otro lado, es necesario que se instauren programas públicos de capacitación para aumentar la calificación de la mano de obra en la región. De esta forma, más empresas competirán por captar trabajadores con mejores salarios y en mejores condiciones, es decir poniéndolos en blanco.
Hasta ahora los gobiernos nacional y provinciales parecen haber puesto el foco en suplantar la debilidad del sector privado expandiendo el empleo público, incrementando la carga fiscal nacional, provincial y municipal, y entorpeciendo con regulaciones crecientes la creación de nuevas empresas. Si la respuesta es tan obvia como la falta de empresas, a las que sí se debe controlar para evitar que abusen de los trabajadores, ¿por qué no se ataca de una vez la raíz del problema con políticas de largo plazo para resolver el problema? Mientras esto no se haga la informalidad seguirá siendo un mal endémico.